El pasado martes 15 de enero se convocó la mesa de trabajo inter institucional Ayuntamiento – Diputación de Palencia para poder llegar a un acuerdo de consenso que desbloquee la situación de prórrogas continuas que aboca a la ruina económica del ayuntamiento de Palencia, por la ejecución del Convenio firmado en el año 2010 entre el alcalde socialista D. Heliodoro Gallego y el presidente Popular de la diputación, D. Enrique Martín, para vender los terrenos afectados por la Calle Jardines y aledaños.
La situación actual es tan desproporcionada que si se aplicara el convenio tal y como está, el Ayuntamiento de la capital debería pagar más de 25 millones de euros. Así las cosas, se convoca una mesa de trabajo totalmente informal con los portavoces de los grupos políticos en el Ayuntamiento y la Diputación, más representantes vecinales de la zona afectada, a la que asisto como portavoz de Ciudadanos en la diputación.
La exposición del secretario del consistorio capitalino, D. Carlos Aizpuru, se argumentaba sobre la base que el convenio firmado en 2010 es nulo de pleno derecho y todas las actuaciones derivadas de él también, como la tasación del valor de los terrenos; y propone acto seguido, la elaboración de un nuevo convenio que contemple la ocupación de los terrenos para desarrollar la infraestructura y una contraprestación por ello a la Diputación.
Por el contrario, la intervención del secretario de la Diputación, D. Juan José Villalba, iba en el sentido contrario, aplicar con ortodoxia el convenio, que no es otra cosa que registrar los terrenos a nombre del ayuntamiento, pagar la deuda y considerar en un futuro un nuevo convenio de colaboración entre la Diputación y el Ayuntamiento que no prive de inversiones a éste último.
Ante la disyuntiva, se propuso elevar el asunto al Consejo consultivo de cuentas de CyL para que elabore un informe independiente que oriente una solución.
Para Ciudadanos el problema, fruto de las malas prácticas del bipartidismo, tiene toda la pinta de acabar en los tribunales, pues si el informe del Consejo Consultivo, favorece a una parte, la contraria recurrirá a la vía judicial para defender sus intereses, y viceversa. Es lamentable observar cómo estas dos administraciones, que en la actualidad están gobernadas por un mismo partido político, no son capaces de llegar a un acuerdo, y acabarán malgastando en pleitos el dinero de los contribuyentes.
La postura de Ciudadanos tanto en el ayuntamiento como en la diputación es muy clara. Primero, asumamos de mutuo acuerdo entre las partes, la rescisión del convenio, con independencia de si es nulo o no. Segundo, firmemos un nuevo convenio cediendo la parte de los terrenos ocupados, de manera gratuita o con un precio simbólico en aras a la utilidad de la infraestructura para la ciudad, mientras el resto de terrenos no ocupados seguirán perteneciendo a la Diputación.